Tu gimnasio o Netflix ya no podrán renovarse sin avisarte antes: serán penados por ley si lo hacen

Los partidos de Gobierno, PSOE y Sumar han acordado dentro de la ley de atención a la clientela que se está tramitando en el Congreso de los Diputados una enmienda que obligará a las empresas a informar a los usuarios, con al menos 15 días de antelación, sobre la renovación automática de suscripciones electrónicas.

El objetivo es evitar renovaciones no deseadas y promover un consumo consciente. Además, la ley general incluye otras medidas para mejorar el trato a los consumidores, como limitar los tiempos de espera en atención telefónica a tres minutos y prohibir la atención exclusivamente automatizada.

La ley viene a prevenir un problema común: ¿Cuántas veces has descubierto un cargo en tu cuenta por una suscripción que ni recordabas tener? ¿Y cuántas de esas veces ya era demasiado tarde para cancelarla sin perder dinero?

Las renovaciones automáticas se han convertido en un oscuro hábito de la economía digital, donde lo que comienza como una prueba gratuita puede acabar como un gasto perpetuo al que nos resignamos por olvido o por pereza burocrática. Pero eso parece que está por acabarse.

El Congreso se prepara para aprobar una modificación clave dentro de la ley de atención a la clientela: las empresas estarán obligadas a avisarte con al menos 15 días de antelación antes de renovar cualquier servicio o suscripción que implique un pago recurrente. Una medida que apunta directamente a uno de los modelos de negocio más lucrativos y menos transparentes de la economía de las plataformas.

El aviso previo como nuevo derecho del consumidor

Durante años, la economía digital ha normalizado las renovaciones automáticas. Plataformas como Spotify, Netflix, Amazon Prime, medios de comunicación, gimnasios e incluso aplicaciones han prosperado en un modelo basado en la inercia del consumidor. Una vez que introduces tu tarjeta y aceptas los términos, la renovación periódica se convierte en una especie de impuesto silencioso.

Pero la nueva enmienda pactada entre PSOE y Sumar quiere frenar esta práctica. Las empresas deberán enviar una notificación clara y por escrito al menos 15 días antes de la fecha de renovación, detallando el coste del servicio y las opciones para cancelarlo. La intención es evidente: devolver al consumidor el control sobre sus decisiones de gasto, especialmente en un entorno donde muchas veces la información se esconde tras laberintos de interfaz o letra pequeña.

Este cambio forma parte de una ley de atención a la clientela más ambiciosa, que el Ministerio de Consumo reactivó tras el parón legislativo de 2023. El texto, que ya ha superado varias fases en el Congreso, apunta a ser aprobado en las próximas semanas.

El modelo de negocio de las suscripciones, a examen

El auge de las suscripciones ha sido uno de los pilares del capitalismo digital. Según datos de Deloitte, más del 60 % de los consumidores europeos están suscritos a al menos tres servicios digitales, y el 20 % paga por cinco o más. Esto se traduce en miles de millones de euros en ingresos recurrentes para las plataformas. Pero también ha generado una creciente frustración entre los usuarios, que sienten que pierden el control sobre su economía personal.

Las empresas tecnológicas han refinado el arte del "churn management", es decir, la retención del cliente mediante automatismos que dificultan la cancelación. Es frecuente que cancelar una suscripción requiera varios pasos, navegar por menús confusos o incluso tener que llamar por teléfono. Esta nueva ley pretende poner fin a esas prácticas opacas.

La medida española se alinea con una tendencia más amplia en Europa: en Alemania, por ejemplo, ya es obligatorio ofrecer un botón visible y sencillo para cancelar suscripciones en línea. Francia también ha legislado para obligar a que las renovaciones automáticas incluyan notificaciones previas. España, sin embargo, da un paso más al establecer un plazo mínimo de 15 días y al ligar esta notificación a un paquete más amplio de derechos del consumidor.

Pero ¿cómo se garantizará que las empresas cumplan con estas nuevas obligaciones? El texto legislativo contempla sanciones, aunque el verdadero reto será la vigilancia y el cumplimiento. La experiencia demuestra que muchas tecnológicas y plataformas digitales tienen recursos legales y técnicos para dilatar, reinterpretar o incluso esquivar estas obligaciones.

Será clave el papel de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades de consumo autonómicas. También el de los propios usuarios, que tendrán que aprender a ejercer sus nuevos derechos y denunciar cuando no se respeten.

Por otro lado, la implementación técnica no será trivial. Las empresas deberán ajustar sus sistemas de notificación, automatizar los recordatorios de renovación e incluso rediseñar partes de sus interfaces para cumplir con la ley. Este esfuerzo podría beneficiar a los consumidores, pero también elevar los costes operativos de plataformas más pequeñas.