Estas enfermeras, cuidadores y médicos que se convirtieron en asesinos en serie

Esta es la historia de Katariina Meri-Tuulia Pantila, una enfermera finlandesa de 28 años que, en 2007, intentó inyectar insulina a un bebé de ocho meses durante una celebración familiar. Su arresto destapó un caso mucho más inquietante. La investigación reveló que trabajaba en una residencia para personas con discapacidad donde, una semana antes, dos residentes habían fallecido inesperadamente, sin una explicación médica satisfactoria. En uno de los casos, la autopsia reveló un pinchazo con insulina, a pesar de que el paciente no recibía terapia con insulina.

Condenada a cadena perpetua por asesinar a una persona discapacitada y causar daños corporales a un bebé, la enfermera se quitó la vida en prisión.

Pero la investigación no terminó ahí. Las autoridades judiciales finlandesas decidieron descifrar los antecedentes profesionales de la enfermera. Resultó que había trabajado previamente durante siete meses en una unidad de cuidados geriátricos.

Las muertes ocurridas durante este período fueron reexaminadas utilizando herramientas estadísticas diseñadas para evaluar la probabilidad de que ella estuviera involucrada en muertes sospechosas ocurridas en esta unidad geriátrica.

Para realizar una evaluación rigurosa, objetiva y transparente, las autoridades sometieron a las 69 enfermeras que trabajaban en esta unidad al mismo análisis estadístico. El objetivo: determinar si existe evidencia tangible que identifique específicamente a esta enfermera.

Al mismo tiempo, los investigadores buscaron inconsistencias entre los certificados de defunción y la evolución clínica de los pacientes y realizaron autopsias forenses a varios cuerpos exhumados. Una a una, las pistas fueron dibujando el escalofriante perfil de un asesino en serie con bata blanca.

Esto es lo que aprendemos del artículo publicado en febrero de 2025 por investigadores de la Universidad de Tampere (Finlandia) en la revista Forensic Science International.

Entre noviembre de 2006 y junio de 2007, esta enfermera trabajó en una unidad geriátrica de 32 camas, adscrita al centro de salud municipal. Durante esos ocho meses, 29 pacientes fallecieron allí. Según los registros médicos y las entrevistas policiales, la enfermera participó en la atención de 11 de estos pacientes, lo que representa el 38% de los fallecimientos. En cada uno de ellos, el certificado de defunción atribuyó el fallecimiento a la enfermedad que motivó la hospitalización. No se realizó ninguna autopsia, ni clínica ni judicial, en el momento de los hechos.

Cinco de los once cuerpos fueron incinerados. Se realizaron autopsias a los otros seis entre tres y ocho meses después de su fallecimiento: cinco fueron exhumados varios meses después, y el sexto fue donado a un departamento de anatomía.

Los investigadores ampliaron su análisis utilizando un método desarrollado inicialmente para medir la relevancia de las pruebas diagnósticas. Su objetivo: evaluar el grado de participación del personal de enfermería en las 29 muertes ocurridas en la unidad geriátrica.

Los datos analizados fueron considerables: 27.324 turnos, distribuidos entre 30 enfermeras tituladas, 27 auxiliares de enfermería y 12 estudiantes de enfermería o medicina. Cada turno en el que se produjo una muerte se clasificó como "directamente involucrado". Si la muerte se produjo dentro de las ocho horas posteriores al final del turno, el turno se consideró "posiblemente involucrado". Todos los demás se clasificaron como "no involucrados". El análisis tuvo como objetivo determinar si existía una relación estadística significativa entre ciertos cuidadores y la ocurrencia de muertes.

Para determinar si la presencia de un cuidador en el momento de una muerte fue pura coincidencia o, por el contrario, debería levantar sospechas, los investigadores evaluaron dos elementos. Primero, calcularon cuántas muertes ocurrieron durante o inmediatamente después de los turnos de un cuidador: cuanto mayor era la cifra, más probable era que sugiriera una relación. Segundo, examinaron cuántas veces la misma persona había trabajado sin que ocurriera ninguna muerte. Si un cuidador está presente regularmente en el momento de las muertes, pero rara vez cuando todo transcurre con normalidad, esto crea un desequilibrio estadístico que podría hacer sonar las alarmas. Por el contrario, si las muertes tienen la misma probabilidad de ocurrir en su ausencia que en su presencia, esto tiende a descartar una implicación directa. Se realizaron comparaciones, utilizando un software especializado, para cada miembro del personal, un total de 69 personas.

Lo más destacable es que, en la unidad geriátrica, las muertes fueron el doble de frecuentes durante los turnos de noche que durante los demás. Y esta tendencia no se explica únicamente por la mayor duración de los turnos de noche, que duran diez horas en comparación con las ocho del día.

De todos los cuidadores, la enfermera condenada por asesinato trabajaba un número anormalmente alto de turnos vespertinos y nocturnos. Trabajaba 38 turnos vespertinos, mientras que sus compañeras enfermeras trabajaban un promedio de 26. En el caso de los auxiliares de enfermería, el promedio descendió a 18.

La diferencia es aún más llamativa por la noche: la enfermera en cuestión trabajaba 19 turnos nocturnos, una cifra significativamente superior a la de la mayoría de sus colegas, tanto enfermeras como auxiliares de enfermería, que trabajaban una media de 7 u 8. Es decir, estaba entre el 10% del personal que trabajaba mayor número de turnos nocturnos.

Cuando los estadísticos examinaron las muertes en la unidad, descubrieron que esta enfermera estuvo particularmente presente en el momento de las muertes, o justo antes. De nuevo, se encontraba entre el 10% del personal de enfermería que más turnos realizaba inmediatamente antes o en el momento del fallecimiento de un paciente.

Aun teniendo en cuenta que las muertes son más frecuentes por la noche, la presencia de esta enfermera durante estos eventos resulta bastante inusual. Las cifras muestran claramente que cuantos más turnos nocturnos trabajaba, mayor era el número de muertes en su presencia. Además, al limitar el análisis al personal que completaba al menos cinco turnos nocturnos (para neutralizar el efecto de una mayor mortalidad nocturna), esta enfermera destaca claramente, con una frecuencia de muertes mucho mayor que la de otros cuidadores.

De las 29 muertes, 11 (38%) ocurrieron durante los turnos de esta enfermera. Debido a la fragilidad de los pacientes mayores hospitalizados, ninguna de estas muertes despertó sospechas entre el personal, incluido el médico responsable.

En cada caso, la causa oficial de muerte correspondió a la enfermedad por la que el paciente se encontraba hospitalizado o recibiendo tratamiento. Ninguna de las muertes se consideró sospechosa, a pesar de que ciertos síntomas y circunstancias podrían, o deberían, haber alertado a los médicos.

Resulta que cinco casos se consideraron particularmente sospechosos debido a inconsistencias entre el desenlace fatal y los certificados de defunción. En los cinco casos, un coma inexplicable precedió a la muerte, lo cual es difícil de explicar por la patología indicada como causa oficial de muerte. Además, en dos casos, las enfermeras habían observado sudoración profusa, un síntoma típico, por ejemplo, de la hipoglucemia.

Estas cinco muertes sospechosas se concentraron en los dos últimos meses de los siete que esta enfermera trabajó en la sala. «En retrospectiva, sabiendo que había usado insulina para matar a una persona discapacitada e intentado matar a otra, es plausible que fuera responsable de una muerte por hipoglucemia, así como de otras muertes sospechosas ocurridas en la sala», afirman los autores.

El enfoque estadístico empleado por Pekka Karhumen y sus colegas permitió reducir el número de sospechosos y centrar la investigación en el personal sanitario cuya presencia coincidió con mayor frecuencia con las muertes. Sin embargo, no permitió identificar formalmente a ningún sospechoso ni aportar pruebas irrefutables. Como señalan los autores, el limitado número de muertes (29) constituye una limitación significativa para la evaluación estadística. Cabe mencionar que, en el año 2000, un médico general británico fue condenado por 15 asesinatos y sospechoso de haber matado a más de 200 de sus pacientes antes de ser desenmascarado. Volveremos sobre este punto.

Los autores también destacan otra dificultad: la gravedad de las patologías y la alta mortalidad natural en la población geriátrica dificultan especialmente la detección de muertes sospechosas. «Según nuestras observaciones, el hecho de que ninguna de estas muertes, aunque claramente sospechosas, llamara la atención del médico responsable podría explicarse por cierta indiferencia hacia la identificación precisa de las causas de muerte en los ancianos». Añaden: «La disminución del número de autopsias en todo el mundo también contribuye a que la causa de la muerte escape a cualquier verificación».

En el contexto de una investigación o juicio penal, el análisis estadístico obviamente no es suficiente para demostrar la culpabilidad. Sin embargo, puede reforzar un conjunto de pruebas o corroborar otras. Dicho esto, los autores señalan que, en varios casos penales, el uso de estadísticas ha suscitado fuertes reservas.

Así fue como las enfermeras Lucia de Berk, en los Países Bajos, y Daniela Poggiali, en Italia, ambas acusadas de asesinar a varios pacientes, vieron revocadas sus condenas tras una reevaluación de sus casos. Estos casos emblemáticos ilustran las limitaciones y los posibles inconvenientes del uso de métodos estadísticos en un contexto legal. También muestran cómo los datos estadísticos pueden dar lugar a interpretaciones divergentes. La defensa puede, de hecho, utilizarlos para demostrar que la fiscalía no ha probado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Los propios autores del estudio finlandés lo reconocen en la conclusión de su artículo: «Nuestro enfoque permitió una evaluación exhaustiva y objetiva de todo el personal, evitando así apuntar erróneamente a un sospechoso inicial, pero no permitió la identificación de un único autor».

Es inevitable preguntarse qué habría concluido la inteligencia artificial a partir de este vasto conjunto de datos si el equipo finlandés hubiera optado por usar esta herramienta en lugar del análisis estadístico tradicional. ¿Habría detectado modus operandi más sutiles, descubierto otras correlaciones, reducido el círculo de sospechosos o incluso confirmado la inequívoca culpabilidad de la enfermera? Nadie puede asegurarlo, pero la pregunta merece la pena.

Después de este caso finlandés, veamos otros casos que involucran a personal sanitario, médicos de hospital o médicos generalistas, declarados culpables de asesinatos en serie.

Entre los casos más sonados de asesinos en serie en el ámbito médico, el del Dr. Harold Shipman ocupa un lugar especial. Este otrora respetado médico general británico fue condenado por el asesinato de quince pacientes. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron un número de muertes mucho mayor: se estima que causó la muerte de entre 220 y 240 personas a lo largo de su carrera.

Condenado a cadena perpetua en 2000 por asesinato y falsificación de testamento, Shipman ejerció en la pequeña ciudad de Hyde, cerca de Manchester, donde gozaba de una sólida reputación.

Tras su arresto en septiembre de 1998, el análisis de los datos disponibles reveló una sobremortalidad anormal entre sus pacientes de edad avanzada. En la zona donde ejercía, la tasa de mortalidad en mujeres mayores de 65 años era de 2,7 muertes por cada 100 pacientes. Esta tasa era diez veces mayor, llegando a 26 muertes por cada 100 pacientes, seguida por el Dr. Shipman.

El Departamento de Salud británico ordenó entonces un análisis estadístico exhaustivo de las muertes ocurridas durante la carrera del Dr. Shipman. En los 15 casos de asesinato llevados a juicio, todas las víctimas eran mujeres mayores.

Los expertos examinaron detalladamente 267 historiales médicos, 180 de los cuales incluían un certificado de defunción firmado por Shipman. Más de la mitad de estos casos (57%) presentaban características altamente sospechosas: fallecimientos repentinos en el domicilio, a menudo en presencia del médico, principalmente por la tarde y sin la presencia de familiares.

En comparación con los pacientes atendidos por otros médicos generales, los pacientes de Shipman fallecieron con mayor frecuencia por la tarde (55 % frente a 25 %), en presencia del médico (19 % frente a 0,8 %) o, por el contrario, sin testigos (40 % frente a 19 %). La presencia de un familiar en el momento del fallecimiento también fue mucho menos frecuente (40 % frente a 80 %). Además, el fallecimiento se produjo con mayor rapidez: el 60 % de los pacientes de Shipman falleció en menos de 29 minutos, frente al 23 % de otros profesionales.

Estos elementos estadísticos se vieron reforzados por los resultados de los análisis toxicológicos realizados a nueve cuerpos exhumados. El análisis de los músculos esqueléticos reveló concentraciones significativas de morfina. La administración de dosis letales de diamorfina, un potente derivado de la morfina utilizado en productos farmacéuticos, se identificó como la causa de la muerte.

Al igual que Harold Shipman, otro médico dejó una larga lista de víctimas: el Dr. Michael Swango. Él también se aprovechó de su posición en el sistema sanitario para asesinar a pacientes bajo su cuidado. Se cree que causó la muerte de aproximadamente 60 personas en Estados Unidos y Zimbabue. En su diario, escribió que «el olor dulzón y denso del asesinato en interiores» le recordaba que «seguía vivo».

Más recientemente, en 2015, un jurado en California condenó a la Dra. Hsiu Ying “Lisa” Tseng por asesinato por causar la muerte de tres pacientes a quienes les había recetado sustancias adictivas y potencialmente letales con fines de lucro, sin ninguna indicación médica real. Tseng abrió su consultorio en Rowland Heights, un suburbio al este de Los Ángeles, en 2005. En tres años, nueve de sus pacientes murieron por sobredosis de drogas. A pesar de estas muertes, continuó dispensando grandes cantidades de opioides y ansiolíticos, recaudando más de $5 millones en ingresos. En octubre de 2015, fue declarada culpable de tres asesinatos y sentenciada a una pena obligatoria de 30 años, que puede llegar a cadena perpetua. Este es el primer caso en los Estados Unidos en el que un médico ha sido condenado por asesinato en relación con la prescripción excesiva de medicamentos que provocó sobredosis fatales.

Al igual que los doctores Shipman, Swango y Tseng, algunos cuidadores no médicos abusaron de la confianza que su posición depositaba en ellos para cometer asesinatos en serie.

Uno de los casos más infames es el de Charles Cullen, enfermero titulado. Durante dieciséis años (1987-2003), se sospecha que causó la muerte de al menos cuarenta pacientes en nueve hospitales y una residencia de ancianos en Nueva Jersey y Pensilvania. Él mismo admitió haber asesinado a trece personas administrándoles un cóctel de fármacos, entre ellos insulina.

Cullen afirmó inicialmente que solo se enfocaba en pacientes críticos, supuestamente para aliviar el dolor. Sin embargo, una revisión de sus historiales médicos reveló que varias víctimas, que recibieron una inyección letal de digoxina, un fármaco que aumenta la frecuencia cardíaca, no padecían necesariamente enfermedades terminales. Un paciente incluso se recuperaba de un grave ataque de asma. Fue condenado a once cadenas perpetuas. La historia de sus crímenes, basada en el libro de Charles Graeber (The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder) , fue adaptada al cine en la película The Good Nurse (Netflix, 2022).

Otra trayectoria profesional, la de Genene Jones, es escalofriante. Los hechos se remontan a la década de 1980. Esta enfermera pediátrica texana exhibía comportamientos extraños, casi ritualísticos, desde muy temprana edad al enterarse de la muerte de un niño, como si anticipara estas muertes. A veces afirma, de forma inquietante, que "adivina" qué niños morirían durante sus turnos.

Sus colegas, rápidamente sorprendidos por la acumulación de sucesos inexplicables en su presencia, comenzaron a llevar registros estadísticos: lo preocupante no era tanto el número de paros cardíacos ocurridos en el departamento, sino el hecho de que ocurrieran casi sistemáticamente mientras ella estaba de guardia. Las sospechas se extendieron a la jerarquía del hospital, pero no se tomaron medidas concretas y las muertes continuaron.

Un punto de inflexión se produjo cuando un médico detectó varios casos recientes de trastornos de la coagulación, que atribuyó al uso anormal de heparina. Al ser interrogada, Jones admitió haber usado una dosis mil veces superior a la estándar, lo que llevó al hospital a exigir que todas las inyecciones de heparina fueran supervisadas a partir de entonces. Cuando se tomó un mes de baja laboral, no se reportaron paros cardíacos durante ese tiempo, pero a su regreso, las emergencias potencialmente mortales se reanudaron de inmediato.

A pesar de la creciente preocupación, la gerencia reaccionó con lentitud. El jefe de cirugía cardiovascular amenazó con suspender la derivación de pacientes a la unidad de cuidados intensivos pediátricos si no se hacía nada. Se convocó una reunión de emergencia con expertos estadounidenses y canadienses, pero no se logró un consenso sobre la responsabilidad penal, en parte porque, como suele ocurrir en estos casos, fue el propio cuidador quien redactó el informe de los eventos previos al paro cardíaco.

Jones fue retirada discretamente del hospital debido a las nuevas normas que reservaban la atención intensiva para enfermeras tituladas. Inmediatamente se retiró a una clínica dirigida por una amiga. Poco después de su llegada, un niño falleció repentinamente allí. Los análisis revelaron la presencia de succinilcolina, un curare utilizado en anestesia. Además, se encontró un vial con esta sustancia en su entorno. Fue esta evidencia material la que finalmente permitió incriminarla. Fue condenada a 159 años de prisión.

En 2016, la opinión pública canadiense se conmocionó cuando Elizabeth Wettlaufer, enfermera de Ontario, admitió haber asesinado a pacientes de cuidados a largo plazo. Un artículo de 2020 en la revista Canadian Family Physician resumió el caso. Wettlaufer se graduó en 1995. Un año después, fue descubierta robando opioides de la residencia de ancianos donde trabajaba. Posteriormente, el Colegio de Enfermeras de Ontario le suspendió la licencia durante seis meses. Sin embargo, pudo regresar al trabajo gracias a cartas de apoyo que avalaban su recuperación.

A lo largo de los años, trabajó en varias residencias de cuidados a largo plazo (CPL), acumulando quejas. Pero fue solo durante una hospitalización psiquiátrica que finalmente confesó haber asesinado a ocho residentes con insulina y haber cometido seis intentos de asesinato.

Antes de eso, ya había evitado el despido gracias al apoyo legal de la Asociación de Enfermeras de Ontario. Se llegó a un acuerdo: no constaría rastro alguno del asunto en su expediente y se prohibió a la institución alertar a futuros empleadores. Como resultado, fue contratada en otra residencia de ancianos, donde declaró haber sido víctima de otra agresión. La comisión de investigación reconoció que Wettlaufer no habría sido desenmascarada si no hubiera confesado.

Si bien el caso Wettlaufer revela graves deficiencias en el sistema de salud, la historia de Donald Harvey, otro asesino en serie del ámbito médico, demuestra la aterradora escala que pueden alcanzar estos crímenes. Activo de 1970 a 1987, fue acusado y condenado por 49 asesinatos, 37 en Ohio y 12 en Kentucky. Confesó 87 de ellos. ¡Ochenta y siete!

Comenzó su carrera como auxiliar de enfermería. Aprovechando su acceso privilegiado a pacientes vulnerables, Harvey empleó diversos métodos: envenenamiento con cianuro, arsénico o veneno para ratas, inyecciones letales, asfixia con una almohada y sabotaje de dispositivos médicos (desconectando el respirador).

Se destaca la premeditación del asesinato de un paciente de 81 años. Unos días antes, el octogenario lo había golpeado en la cabeza con un urinario, antes de derramarle el contenido encima, alegando haberlo confundido con un ladrón. En represalia, Harvey optó por usar una sonda urinaria de calibre 20, generalmente reservada para mujeres, en lugar de la sonda más delgada de calibre 18, adecuada para hombres. Luego, enderezó una percha de alambre e insertó aproximadamente 60 centímetros de alambre en la sonda urinaria, perforando la vejiga y el intestino del paciente. El paciente entró inmediatamente en shock y luego en coma. Harvey se deshizo del alambre y, discretamente, reemplazó la sonda por una de modelo masculino, intentando así ocultar cualquier rastro de sus acciones.

Harvey afirmó querer "aliviar el sufrimiento", pero finalmente admitió que disfrutaba "jugando a ser Dios". Su racha de asesinatos terminó en 1987 después de que un médico forense notara un olor a cianuro en su estómago, lo que condujo a su arresto. Harvey se declaró culpable de 24 asesinatos y fue condenado a tres cadenas perpetuas (en Ohio) y luego a cadena perpetua en Kentucky. Fue asesinado en prisión en 2011.

Es imposible concluir esta publicación sin mencionar a Kristen Gilbert, apodada "el Ángel de la Muerte". Esta enfermera estadounidense estuvo presente con frecuencia durante paros cardíacos inexplicables, lo que generó preocupación entre sus colegas y varios médicos, hasta el punto de que algunos exigieron que ya no se le asignara a sus pacientes.

Trabajando desde 1989 en el hospital de veteranos de Northampton, Massachusetts, operaba en un ambiente morboso: la tasa de mortalidad en su departamento era tres veces mayor que en otras unidades. Un detalle particularmente inquietante es la política de la institución que exigía la presencia de un guardia de seguridad durante las intervenciones de emergencia, un agente que no era otro que su amante. Esta situación sugiere que las situaciones críticas que provocaba sirvieron de pretexto para alimentar una relación basada en el peligro y la manipulación.

Ante las sospechas crecientes, varios colegas se encargan de supervisar discretamente las reservas de epinefrina, el potente estimulante cardíaco. Rápidamente descubren jeringas usadas en la basura y detectan frascos sospechosos en la unidad de cuidados intensivos.

Aunque el afán de lucro suele motivar a algunos cuidadores criminales, en particular por razones de seguros o herencias, el caso de Kristen Gilbert revela una realidad más inquietante: la fantasía romántica o sexual también puede estar en el centro de las motivaciones de algunos asesinos con batas blancas.

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