Ahora más que nunca, España debe apostar por Naciones Unidas

En su 80º aniversario, Naciones Unidas atraviesa una crisis que no es solo financiera, sino también moral y política. La falta de pagos por parte de numerosos Estados miembros —incluidos algunos de los mayores contribuyentes— ha dejado a la organización en una situación de colapso operativo. La ONU se ha visto obligada a reducir su presupuesto, congelar contrataciones y cancelar actividades esenciales. Pero lo más grave no es el impacto burocrático: es la desprotección creciente de millones de personas en todo el mundo.

En estos días, Sevilla ha acogido la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, donde se ha debatido sobre cómo avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha hablado de sostenibilidad económica, de sostenibilidad ambiental… Pero no podemos olvidar que el desarrollo sostenible se apoya en tres pilares fundamentales: la economía, la ecología y los derechos humanos. Y paradójicamente, este último —el que da sentido humano a los otros dos— es el que recibe menos financiación. Es también el más barato de sostener, pero está siendo el primero en caer bajo la lógica de los recortes. Defender los derechos humanos no es un lujo, es una necesidad básica para que cualquier estrategia de desarrollo sea verdaderamente justa, duradera e inclusiva.

Hoy, la maquinaria internacional que vela por los derechos humanos funciona como puede a medio gas. Muchos de los órganos creados por tratados —como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) o el Comité de los Derechos del Niño— están viendo su trabajo gravemente comprometido. Se cancelan sesiones, se acumulan retrasos de años en la evaluación a los países, se suspenden visitas de prevención de malos tratos a centros de detención o se abandonan investigaciones en contextos de guerra. Solo en el Comité de Derechos Humanos se acumulan miles de comunicaciones pendientes de resolver. La falta de recursos paraliza mecanismos que salvan vidas y paraliza un sistema que se basa en el sueño de la paz y la dignidad humana a través del Derecho.

Defender los derechos humanos no es un lujo, es una necesidad básica para que cualquier estrategia de desarrollo sea verdaderamente justa, duradera e inclusiva

El Comité de los Derechos del Niño, por ejemplo, ha tenido que cancelar semanas completas de trabajo, con el coste añadido de excluir a la sociedad civil —y a los propios niños— de procesos de revisión fundamentales. Las víctimas de malos tratos y tortura en todo el mundo, cuya protección exige mecanismos eficaces de prevención —como las visitas del SPT y el seguimiento del cumplimiento de la Convención contra la Tortura—, ven cómo se desvanecen las ya limitadas garantías que deberían resguardar su dignidad y su integridad. Y mientras tanto, comités como el CEDAW (el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) dejan de evaluar el respeto a los derechos de las mujeres en países donde la discriminación y la violencia son estructurales. El Comité de Derechos Humanos tiene más de 1.000 comunicaciones pendientes.

La confianza en el sistema universal de derechos humanos puede desvanecerse si no se pone freno a esta situación. El sistema necesita ser reforzado, pero la situación actual de creciente debilitamiento por cuestiones financieras va en la dirección contraria. Los Estados no han denunciado los tratados, y todo el sistema cuesta el 1% del coste financiero de la ONU. Salvo para aquellos países que quieren un mundo en que el lenguaje común de los derechos desaparezca, urge que los Estados pongan coto a esta situación y cumplan con mantener el legado de los derechos humanos.

En paralelo, programas esenciales de protección —como los que asisten a personas refugiadas, mujeres en riesgo, o niños víctimas de trata— están recibiendo menos del 40% de los fondos necesarios. El resultado es tan simple como brutal: millones de personas quedan sin asistencia legal, sin protección frente a la violencia, sin acceso a servicios básicos. Y todo ello ocurre en un contexto mundial tristemente marcado por conflictos armados, crisis migratorias, represión política y retrocesos democráticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, nos lo ha advertido con claridad: “Nos enfrentamos a amenazas reales al tejido, los valores y la sostenibilidad del multilateralismo”. Si esta tendencia no se revierte, no solo se compromete la capacidad de Naciones Unidas para proteger los derechos humanos, sino su papel como garante de la paz y la cooperación internacional. La iniciativa ONU80, que busca modernizar y reforzar el sistema, es un paso necesario. Pero sin el respaldo político y financiero de los Estados miembros, es una promesa vacía.

En este contexto, el mensaje del Rey de España en la inauguración de la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla no puede ser más oportuno ni más claro. Su defensa firme del multilateralismo como “única vía posible para abordar los retos globales”, su reconocimiento de que el sistema de Naciones Unidas debe ser “reforzado y protegido”, y su llamamiento a actuar “con urgencia y con sentido de responsabilidad” interpela directamente a los Estados, incluido el nuestro.

España ha demostrado, desde su adhesión a Naciones Unidas en 1955 y especialmente desde el impulso dado en 1977 a la política exterior basada en los derechos humanos, un compromiso constante con el multilateralismo. Ha respaldado tratados fundamentales, ha albergado cumbres clave y ha mantenido una Oficina de Derechos Humanos activa, que canaliza su relación con el sistema internacional. España cumple con sus obligaciones financieras con la ONU de forma puntual, y eso debe reconocerse. Pero en este momento crítico, también se le pide ir un paso más allá.

Como miembros españoles de tres órganos fundamentales del sistema de protección de derechos de Naciones Unidas, hacemos un llamamiento claro al Gobierno de España para que refuerce su compromiso financiero con Naciones Unidas, manteniendo su ejemplo de cumplimiento y explorando vías para aumentar su contribución voluntaria, especialmente en apoyo a los órganos de derechos humanos y a las agencias humanitarias. No se trata solo de cuotas: es una inversión en estabilidad, justicia y dignidad global.

España tiene la oportunidad de liderar. Y tiene la responsabilidad de no ser cómplice, por omisión, del debilitamiento de un sistema

También llamamos a España a que impulse, junto con otros Estados, una iniciativa multilateral para garantizar una financiación estable y sostenible de los comités de derechos humanos y de las agencias humanitarias. Que utilice su presencia en foros internacionales —desde el Consejo de Derechos Humanos hasta el G-20— para situar la protección de los derechos humanos en el centro de la agenda global, más allá de declaraciones simbólicas.

España tiene la oportunidad de liderar. Y tiene la responsabilidad de no ser cómplice, por omisión, del debilitamiento de un sistema que, con todas sus limitaciones, ha permitido avances reales en la defensa de la dignidad humana. Permitir su derrumbe sería renunciar a décadas de progreso, a la memoria de miles de víctimas, y a los principios que sustentan nuestra política exterior.

Esto no va solo de dinero. Va de humanidad. Permitir que el sistema se derrumbe es traicionar décadas de avances. Es dejar a las víctimas a la intemperie. Es renunciar a un futuro común. Frente a esta encrucijada histórica, España debe elegir con claridad: estar del lado de la protección, la justicia y la dignidad. Con hechos, no con gestos.