La X de Elon Musk ataca a Moraes y elogia a Trump por implementar la Ley Magnisky

Una cuenta oficial X elogió a la administración de Donald Trump por imponer sanciones contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes bajo la Ley Magnitsky.
La plataforma del multimillonario Elon Musk declaró en un comunicado publicado el viernes 8 de marzo que Moraes lideró una "campaña de censura y violación del debido proceso". Un ejemplo de presuntas irregularidades es la suspensión de las operaciones de X en 2024 debido al incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales brasileñas.
La publicación también afirma que la decisión de la Corte Suprema de ampliar la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas por el contenido delictivo de los usuarios " elimina una salvaguardia fundamental para la libertad de expresión en línea y refuerza un patrón más amplio de preocupación".
«OX elogia la decisiva respuesta de la administración Trump a la extralimitación del Tribunal Supremo brasileño, sancionando a Moraes bajo la Ley Global Magnitsky y revocando su visa», añade la plataforma. «Estas acciones sientan un precedente para una disuasión más amplia».
¿Qué cambia con la reglamentación aprobada por el STF?
En resumen, hasta que el Congreso Nacional promulgue una nueva ley sobre la materia, las plataformas podrán ser consideradas civilmente responsables por los daños y perjuicios derivados de publicaciones de terceros en casos de delitos o hechos ilícitos si, tras recibir una solicitud de remoción —la llamada notificación extrajudicial —, no se puede eliminar el contenido.
Los proveedores también están sujetos a responsabilidad civil si no eliminan de inmediato las publicaciones que constituyen delitos graves. Esta lista incluye contenido relacionado con intentos de golpe de Estado, abolición del Estado, terrorismo, incitación a la autolesión o al suicidio, racismo, homofobia y delitos contra mujeres y niños.
Además, los proveedores serán responsables si no eliminan el contenido ilegal mostrado a través de anuncios y promociones pagadas. En resumen, no pueden lucrarse con el contenido ilegal.
En el caso de delitos contra el honor (calumnia, injuria y difamación) , las grandes tecnológicas solo tendrán que pagar daños y perjuicios si incumplen una orden judicial de eliminación del contenido. Sin embargo, podrán eliminar las publicaciones mediante un requerimiento extrajudicial. Esto es especialmente relevante ante la proximidad de las elecciones de 2026.
CartaCapital